El portavoz del Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna en Gasteiz y Vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rafael Larreina, ha señalado hoy en Gasteiz que «no va a dejar de cumplir con su obligación de parlamentario demócrata y seguirá denunciando cualquier violación de los derechos humanos, la cometa quien la cometa, tanto si se trata de ETA como si se trata de funcionarios públicos, le parezca bien o le parezca mal al delegado del Gobierno Aznar».
El vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco ha señalado también que le gustaría que «la prontitud y la diligencia que ha mostrado el delegado del Gobierno Aznar en pedir a la Fiscalía que proceda judicialmente contra un parlamentario vasco, la pusiese en llevar a la práctica tanto las recomendaciones que en su día hizo el Ararteko para garantizar que en los periodos de incomunicación que establece la legislación antiterrorista, no se produzcan espacios de impunidad que puedan facilitar violaciones de los derechos humanos de las personas detenidas, como los acuerdos de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco -en especial el de 3 de diciembre de 1997-, o el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y los artículos 9 a 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos». Para el portavoz parlamentario de Eusko Alkartasuna, «hoy es más necesario que nunca que la sociedad sea consciente de que, en materia de derechos humanos, no es admisible ninguna excepción, en ningún caso, por muy altruista que pueda parecer la razón de esta vulneración, como puede ser la obtención de información sobre posibles nuevas violaciones de derechos humanos.
Si en el principio básico de que el fin no justifica los medios se admite una excepción, habremos abierto las puertas a la legitimación de cualquier violación de derechos humanos». Finalmente Larreina ha señalado que «en virtud de la separación de poderes de un sistema democrático, los parlamentarios vascos debemos dar cuenta ante nuestros electores, no ante el delegado del gobierno Aznar, y que por tanto no tiene por qué pedir autorización ni darle cuenta al señor Villar de las iniciativas políticas y legales que inicié en su día y que siguen su curso, ni de las iniciativas que se desarrollen ante la Justicia, que -también hay que recordárselo al delegado del gobierno Aznar- en un sistema democrático debe ser independiente del gobierno».