Recientemente, en la tertulia del programa de ETB â€Que me estás contandoâ€, se planteaba la cuestión del techo de gasto que se está tramitando en el Congreso y en el Senado. Frente a los que se limitaban a cuestionar la cifra global yo planteaba una reflexión diferente.
A mi más que el techo propiamente dicho -la cifra concreta-, me preocupa lo que está debajo de ese techo y lo que está fuera de ese techo, en otras palabras lo que se oculta con el techo de gasto.
Me explico: debajo de ese techo hay una distribución anómala del gasto que es la que a mí me preocupa, pues es la que realmente repercute en la vida de la gente de a pie, de la ciudadanía en general. Por ejemplo, la ministra de Defensa ya ha anunciado que los presupuestos de su ministerio se van a incrementa en un 30%, 2.100 millones de euros para el año 2017. Por otro lado el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, anuncia el rescate de las absurdas autopistas de peaje con cuya construcción hicieron negocio las empresas amigas del gobierno, y que va a suponer un coste estimado de 5.000 millones de euros. Mientras en otras partidas referidas al gasto social se anuncian incrementos mínimos cuando no se congelan o se disminuyen.
Y fuera de ese techo sigue estando la ausencia de un compromiso real del Gobierno para luchar contra el fraude y la elusión fiscal. Y con esto no solo me refiero a la modificación de las leyes tributarias. í‰stas, casi me da igual que las modifiquen o no, pues el problema no está en que los actuales tipos del impuesto de Sociedades sean del 25% (30% en el 2014, 28% en el 2015), sino en que el tipo efectivo que realmente están pagando las grandes empresas en el llamado -en terminología del Concierto- territorio común o resto del Estado, no llega al 9%. Al hablar de la falta de compromiso contra el fraude fiscal me refiero sobre todo a que no hay una persecución real de dicho fraude, que se 
sigue protegiendo a los acogidos a la amnistía fiscal, que no se aborda la elusión fiscal, la situación de privilegio de las SICAV, o que el número de inspectores de hacienda sea la tercera parte de los que hay en Alemania o menos de la mitad de los que hay en Francia.
Y esto no son teorías las cifras del Eurostat muestran con claridad que, medido en términos relativos al PIB, el Estado español presenta el menor nivel de ingresos por IVA e Impuesto sobre Sociedades.
Y también me preocupa el techo de gasto y su relación tanto con la CAPV como con la CFN. El PNV ha mostrado su acuerdo con dicho techo de gasto porque permite mayor nivel de endeudamiento en Euskadi. Pero mi preocupación viene porque, aunque teóricamente aumente nuestro margen de maniobra en el corto plazo, en la práctica también reduce nuestros recursos en el corto, medio y largo plazo. Apuntalar este techo de gasto del Estado que no aborda el problema estructural de la insuficiencia de ingresos, y que por tanto perpetúa el desmesurado nivel de endeudamiento público del Estado, supone perpetuar un desequilibrio de Deuda Pública estatal a cuyo coste contribuimos a través del cupo, sin tener ni en la CAPV ni en la CFN ese nivel de deuda pública. Esto significa que sobre la ciudadanía vasca recae ese coste en mayor medida que sobre la ciudadanía del resto del Estado y que las instituciones vascas contarán con menos recursos en sus presupuestos para abordar los problemas diarios de la gente a los que se hace frente con el gasto social. En definitiva, el acuerdo del PNV vuelve a jugar en el cortísimo plazo olvidándose del medio y largo plazo.