El “Réquiem” por la CAN antesala del que vendrá en la C.A.V.

Hoy ha desaparecido la CAN, todos sus trabajadores han dejado de serlo y a partir de ahora la entidad de crédito navarra se irá disolviendo como un azucarillo dentro de Banca Cí­vica. En poco espacio de tiempo su participación en el capital del nuevo banco va a ser insignificante y la asamblea de impositores y representantes de las instituciones navarras no tendrá nada sobre lo que poder decidir.

El Orfeón Pamplonés bien podrí­a entonar el “réquiem” por esta institución financiera navarra que ha desaparecido y servir de preludio a la desaparición de las cajas en los otros tres territorios de Hego Euskal Herria que mañana, con una cierta clandestinidad, se incoa en las respectivas reuniones de sus Consejos de Administración.

Y digo cierta clandestinidad porque se ha hurtado el debate público, con seriedad y solvencia, sobre una decisión que tiene una gran trascendencia para el futuro económico y social de nuestro Paí­s. Mientras se centra la atención en un reducido debate sobre los porcentajes de participación y consiguiente reparto de sillones, o el más triste todaví­a sobre el “blindaje” ante Bildu, se oculta la verdadera realidad de que se está planificando la desaparición de un modelo de entidad financiera de carácter social, fuertemente implicada con el tejido productivo de la pequeña y mediana empresa, con las necesidades de las personas trabajadoras, autónomos y pequeños ahorradores.

La constitución de la SIP y la consiguiente bancarización supone de facto abrir la puerta a la privatización en el plazo de tres años y a la disolución progresiva del control público necesario para garantizar la finalidad eminentemente social que , desde su fundación, han tenido las Cajas de Ahorro en Euskal Herria que -a diferencia del origen de las cajas en otras latitudes- surgieron de la iniciativa de las instituciones públicas y con una vocación de servicio a las clases populares de la sociedad vasca: trabajadores, autónomos, pequeños ahorradores, pymes, etc.

Se arguye que la obra social seguirá adelante en manos de las cajas, pero la realidad de los papeles no nos garantizan la continuidad de la Obra Social más allá del horizonte de los tres años; y además se olvida intencionadamente que la más importante labor social que deberí­an tener las cajas es su implicación con el tejido social y productivo de la sociedad vasca frente a la voracidad de los futuros inversores.

Inversores en unos casos venidos de otras latitudes en busca de beneficios rápidos -tiburones les llaman algunos y sino que se lo pregunten a la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo)– para desaparecer después una vez dejadas exhaustas las arcas de las antiguas entidades locales; o inversores más cercanos en otros casos, procedentes de la banca española que desde hace tiempo añoraban el “botí­n” del mercado cautivo que tení­an las cajas, que les hací­a a ellos ser segundones en el mercado financiero, y que ahora por fin -y gracias a sus buenas relaciones y presiones al Gobierno de turno- van a poder hacerse “gratis et amore” con ese fondo de comercio y toda esa inversión pública generada por las instituciones y miles de impositores del pueblo llano.

No se si podremos evitar o no el “réquiem” por las cajas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pero al menos creo que hay que plantear el debate con claridad y hacer un llamamiento a la reflexión de los actuales gestores para que cuenten con la voluntad de la ciudadaní­a que es la auténtica propietaria de las cajas, en vez de emprender una carrera desbocada para hurtar el control público de la representación actual de la ciudadaní­a en las instituciones recién elegidas. Creo que hay que hacer un esfuerzo de negociación, de diálogo, de implicación social para conseguir preservar la finalidad social que está en el origen de las caja y mantener el necesario control público de una entidad financiera que debe seguir vinculada al Paí­s y comprometida con su entramado social y productivo, con la preservación del estado de bienestar.