Entre piratas y corsarios

Mañana debatimos en el Congreso el Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una Ley que está siendo más conocida por la Ley anti piraterí­a o por la llamada tasa Google, sin que, a mi juicio, estos dos aspectos sean los más relevantes a la hora de juzgar la propuesta del Gobierno. En principio nadie puede oponerse a que se proteja la propiedad intelectual y se combata la piraterí­a, pero bajo estos dos conceptos «buenistas» se ocultan los auténticos problemas que plantea este proyecto de Ley.

Con el actual texto el Gobierno Rajoy combate la piraterí­a dando patente de corso a una serie de asociaciones o entidades de gestión de derechos, para que cobren en régimen de monopolio unos derechos por obras, por conocimientos, cuyos autores o propietarios no están representadas por dichas entidades y que, en muchos casos, han optado por proteger con las licencias “Creative Commons” su producción cultural, artí­stica, cientí­fica, técnica o docente. Desde esta perspectiva este proyecto de ley supone la imposición del “copyrigth” sobre el “copyleft” en contra del criterio y la decisión de los propios autores. Y supone en última instancia, la expropiación de unos derechos que no serán usurpados por los «piratas» pero quedarán en manos de los «corsarios» protegidos por el Gobierno.

Creo que esta Ley merece un amplio conocimiento por parte de la sociedad para que sea consciente de las consecuencias que lleva consigo y así­ abrir un amplio debate en defensa de las libertades y de la socialización del conocimiento pues, rescatando un concepto clásico, sobre el conocimiento también recae una «hipoteca social».

Este es el propósito de la enmienda  a la totalidad que, como AMAIUR, hemos presentado y que reproduzco en su integridad a continuación:

El GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, a iniciativa de D. Rafael Larreina Valderrama, diputado de AMAIUR, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente ENMIENDA A LA TOTALIDAD al Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Número de expediente 121/000081)

Desde nuestro Grupo hemos denunciado en repetidas ocasiones la polí­tica neoliberal de este Gobierno que como norma general defiende la no intervención en los mercados salvo, como en el caso que nos ocupa, hay que proteger los intereses de los grandes grupos financieros o empresariales. En el caso de este Proyecto de Ley se aborda la protección y reforzamiento de los grandes grupos empresariales y grupos de intereses, con un intervencionismo que recorta libertades, supone un ataque a la socialización del conocimiento, da la espalda a la nueva economí­a y al progreso cientí­fico y técnico, y finalmente ignora el derecho de Euskal Herria a decidir su propio futuro, obstaculizando nuestro derecho a fijar un modelo social propio de propiedad intelectual.

Presentamos esta enmienda de totalidad porque éste Proyecto de Ley supone:

Recorte de Libertades,  limitación de la creatividad

La presente reforma parcial de la Ley de Protección Intelectual, bajo el “leitmotiv” de la protección de la propiedad intelectual, aborda un nuevo recorte de libertades a la vez que supone un nuevo obstáculo a la creación en los ámbitos digitales que lejos de favorecer la competencia en los sectores artí­stico, cientí­fico, técnico educativo o periodí­stico, va a reforzar a los grandes grupos editoriales o discográficos perpetuando el actual oligopolio existente en dichos ámbitos de aplicación de la Ley.

Este proyecto de Ley niega derechos fundamentales de carácter universal, que son recogidos incluso en su propio texto constitucional, como son el derecho a comunicar o a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, así­ como el derecho a la producción y creación literaria, artí­stica, cientí­fica y técnica. En concreto limita el libre acceso a la información, a la cultura y a la formación, conculca derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libre creación, promueve la violación del secreto de las comunicaciones y es un ataque directo a la neutralidad de la red, de internet. También supone – como desarrollaremos en el siguiente apartado- no respetar un derecho individual básico como es el que cada autor, cada creador, pueda ofrecer su obra bajo las condiciones de uso que considere oportunas.

Ataque a la socialización del conocimiento

El modelo de protección de la propiedad intelectual que promueve esta reforma legislativa ignora que existe una hipoteca social sobre el conocimiento, que debe estar al servicio de toda la sociedad y que no debe estar sometido a los intereses económicos y mercantiles de las grandes corporaciones. La mercantilización de los derechos de propiedad intelectual contribuye a incrementar la brecha social entre ricos y pobres, a la privatización de los resultados de las investigaciones cientí­ficas, pudiendo llegar a afectar a la salud y alimentación de la ciudadaní­a como ya se da, de hecho, en los casos de control por empresas de los derechos de propiedad intelectual  sobre medicamentos o semillas.

El establecimiento en el Proyecto de Ley de la figura del “derecho irrenunciable” derivado de citar textos en internet va a afectar sin excepción  a todos los creadores y generadores de producción cultural, artí­stica, cientí­fica, técnica y docente, a los cuales se les va a impedir renunciar voluntariamente a ese derecho. Esto supone hacer ineficaces en la práctica las licencias “Creative Commons”, que tienen un uso muy extendido, sobre todo, en ámbitos universitarios y en todos aquellos relacionados con la nueva economí­a. Estas licencias, que ofrecen en la actualidad cobertura jurí­dica a los derechos de autor de una parte muy significativa de los contenidos en internet, quedarí­an sin valor práctico ante la imposición del “copyrigth” sobre el “copyleft” en contra del criterio y la decisión de los propios autores. Esto va en contra de los derechos e intereses colectivos que promueve la socialización del conocimiento, y sólo tiene la virtualidad de favorecer la recaudación de derechos por parte de unos pocos que, además,  no son los titulares de la mayorí­a de las obras de creación que generan dichos derechos.

Otro de los elementos negativos de este Proyecto es la amenaza que supone al “derecho de cita” que está en la base del ejercicio de la profesión periodí­stica. Pero además, la criminalización de los enlaces, genera inseguridad jurí­dica en el amplio espectro de los blogs y otros agentes activos en la red, aparte de que supone negar la esencia de la difusión del conocimiento en internet basada en la triada “compartir-enlazar-difundir” a través de la web.

Ahora bien, desde la responsabilidad de un Gobierno que tiene que estar comprometida con el progreso cientí­fico y el desarrollo universitario, es incomprensible la aprobación de este proyecto de Ley cuya entrada en vigor supone una tasa adicional para el conocimiento. Con esta modificación legal las Universidades deberán pagar por los contenidos  acogidos a licencias “Creative Commons”,  que los profesores publican para sus alumnos, un canon de 5 euros por alumno, recaudado en régimen de monopolio por la entidad de gestión de derechos CEDRO que representa tan solo alrededor del 20% de los creadores universitarios. Esto supone una privatización ilegí­tima de la educación, la investigación y los textos académicos, pues otorga a una entidad privada la gestión del “Open Access”, que pasa a estar regido por el “copyrigth”, expropiándolo del procomún en contra de la decisión de sus autores que han establecido que sea de dominio público.

Al final este canon, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, actúa en detrimento de la justa recompensa a los autores y supone una subvención encubierta a los editores, a quienes el artí­culo 2 de la Directiva 2001 de Propiedad Intelectual no incluye como beneficiarios de derechos de propiedad intelectual y que, sin embargo, son beneficiarios del 45% de la recaudación de la entidad privada de gestión de derechos.

Seguir anclados en la vieja economí­a

Desde otra perspectiva esta Ley sigue anclada en los principios de la vieja economí­a, que guí­an la actuación de éste Gobierno, y supone un freno, cuando no un obstáculo, al progreso y desarrollo de la nueva economí­a que tiene su base en la sociedad de la información y comunicación, y en la creación en el ámbito digital. Este Gobierno modifica una Ley de 1996 con la perspectiva y el espí­ritu de la Ley 22/1987 que respondí­a a un escenario de desarrollo tecnológico que no tiene nada que ver con el actual contexto de pujanza de la sociedad de la comunicación e información.

Las medidas propuestas por este Proyecto de Ley para controlar e impedir la “piraterí­a” en internet, ponen en peligro la esencia misma de la red pues no tiene en cuenta las particularidades de la era digital, de la sociedad de la información y comunicación. En vez de apoyar el desarrollo de nuevos modelos de gestión de negocios basados en internet, perpetúa modelos caducos lo que va a provocar la deslocalización de los existentes y, sobre todo, la deslocalización de la puesta en marcha de nuevas iniciativas. Nuevas iniciativas alrededor de la industria cultural y tecnológica vinculada a la comunicación, conocimiento y ocio, que no tendrán otra opción que la de la emigración como consecuencia del freno evidente que este Proyecto de Ley supone para el desarrollo de un enorme potencial creativo basado en la cultura del  “Open Access” y de los nuevos modelos de emprendimiento social que surgen alrededor de las nuevas tecnologí­as de la sociedad de la información y el conocimiento.

Impedir el derecho a decidir su propio modelo a Euskal Herria

Analizados los contenidos principales de este Proyecto de Ley presentado por el Gobierno, y ante las consecuencias culturales, económicas y sociales de los mismos, nos reafirmamos en la necesidad de contar con un ámbito vasco de decisión que evite nos sea impuesto un modelo de propiedad intelectual que limita la creatividad, recorta libertades, dificulta la socialización del conocimiento e impide el progreso económico y social por las ví­as de la nueva economí­a  de la sociedad de la información y el conocimiento;  un modelo que, claramente, es ajeno a Euskal Herria y lesivo para los intereses de la ciudadaní­a vasca que no concibe que la cultura, la creación y producción intelectual, artí­stica y cientí­fica, tenga que ser necesariamente objeto de transacción para ser comprada y vendida sino que también puede ser un aportación que sus creadores hacen al conjunto de la sociedad para el beneficio común y para que forme parte de la identidad colectiva de nuestro Pueblo.

Por estas razones presentamos esta ENMIENDA A LA TOTALIDAD al Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (Número de expediente 121/000081), y pedimos su devolución al Gobierno.

Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2014