Caso Atutxa.- EA dice que se trata de un juicio «polí­tico que corresponde a un escenario del pasado»

 BILBAO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) –

   El parlamentario de Eusko Alkartasuna Rafa Larreina manifestó hoy que la decisión del Tribunal Supremo de anular la absolución a Juan Mari Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Kní¶rr, al entender que el Tribunal Superior de Justicia del Paí­s Vasco (TSJPV) es competente para estudiar el caso y decidir si cometieron o no un delito de desobediencia al negarse a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, forma parte de un «juicio polí­tico que corresponde a un escenario del pasado».

   En declaraciones a Europa Press, Larreina señaló que «todas las fuerzas polí­ticas y los estamentos que constituimos el Estado de derecho, tenemos que hacer el esfuerzo por superarlo y no caer en los errores del pasado, que son la politización de la justicia, la judicialización de la polí­tica y la interferencia de unos poderes en otros».

   Según dijo, la «inmensa mayorí­a de los ciudadanos vascos no comprenden que tres miembros de la Mesa del Parlamento como Juan Mari Atutxa, Gorka Kní¶rr y Kontxi Bilbao, estén en el banquillo de los acusados simplemente por ser fieles al mandato de representación popular que han recibido de la ciudadaní­a».

   Tras mostrar su «apoyo, respaldo y solidaridad» a los tres encausados, dijo sentirse «totalmente identificado con su conducta y con la defensa que hicieron en su dí­a del fuero parlamentario».  

   Para el vicepresidente de la Cámara vasca, «volver a poner en el banquillo de los acusados a los tres miembros de la anterior Mesa del Parlamento, es poner en el banquillo de los acusados a toda la sociedad vasca ya que, al final, el Parlamento es la representación de la sociedad».

   Larreina destacó que «la inmensa mayorí­a de la sociedad vasca sabe que estas tres personas no han cometido ningún delito, por eso cada vez está más asombrada ante estas actuaciones que pertenecen a épocas pasadas, claramente poco democráticas, y que no se corresponden con un Estado de derecho que se sebe sustentar en la separación de poderes y en la no interferencia de unos poderes en otros».