VITORIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) – El portavoz parlamentario de EA, Rafa Larreina, se preguntó hoy cómo a un sindicato que «no es ni representativo ni democrático» se le deja «condicionar» la vida política, en alusión al colectivo de funcionarios Manos Limpias, cuyo recurso de apelación en el denominado caso Atutxa fue estimado ayer por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
En una comparecencia pública celebrada en el Parlamento vasco, Larreina manifestó su intención de realizar una «reflexión importante» dirigida al conjunto de los ciudadanos y de los poderes públicos, tanto ejecutivo, legislativo como judicial, sobre el presunto delito de desobediencia por negarse a disolver SA, que se imputa al presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa, y a los miembros de la Mesa del Parlamento, Gorka Kní¶rr (EA) y Kontxi Bilbao (EB). En este sentido, se preguntó cómo un sindicato, «que no es nada representativo en Euskal Herria, pero tampoco en el Estado», puede «condicionar o se le deja que condicione la vida política con criterios, además dudosamente democráticos». «La ciudadanía debe saber que toda esta imputación, la única base que tiene es una denuncia de un grupo que nadie sabe a quien representa y que, desde luego, no es ni sindicato representativo ni sindicato democrático», aseveró. A su juicio, la Mesa del Parlamento vasco ha sido «fiel» al compromiso y obligación democrática de «defender el foro parlamentario» y lo que hay que plantearse, insistió, es «por qué una institución democrática, que cumple con su deber democrático, está ante los tribunales bajo una imputación de delito penal».
En este punto, el representante nacionalista reiteró, «desde el respeto institucional y al poder judicial», el compromiso de su grupo de «defender el foro parlamentario y la independencia del poder legislativo sobre cualquier otro tipo de poderes». Asimismo, concluyó recordando la apuesta de EA por defender los principios básicos en democracia, que son «la libertad ideológica, de asociación y de participación política en instituciones a través de representantes que tienen todos los ciudadanos», y por defender también «la presunción de inocencia y la separación de poderes».