El secretario general de ELA, José Elorrieta, ha mostrado hoy su convencimiento de que, en general, las personas que tienen algún tipo de responsabilidad pública en Euskal Herria son espiados, y ha denunciado intentos de chantaje. Rafa Larreina, de EA, también ha mostrado su preocupación por estas revelaciones, mientras que el PNV cree que la información se ha filtrado para «perturbar» la comisión de investigación del 11-M. ERC, asimismo, ha acusado al PP de «lanzar una cortina de humo». El CNI realizó escuchas telefónicas a responsables públicos vascos tras el 11-M.BILBO-. En una entrevista a Radio Euskadi el secretario general de ELA ha señalado que «una de las perversiones del llamado sistema democrático es precisamente eso: que se considera normal que los servicios de información y otro tipo de gente maneje información de esa manera». «Te vas habituando a que eso puede ser así, y tú tienes que hacer tu trabajo normal haciendo abstracción de ese tipo de cosas y luego a partir de ahí a veces intentan chantajearte. Pero bueno, suele ocurrir. Cosas de la vida, creo que no descubro ningún secreto», ha añadido.
José Elorrieta se ha referido de esta forma a la información publicada hoy en el diario «El Mundo», en la que se asegura que los servicios secretos españoles comprobaron que el dirigente de ERC Josep Lluis Carod Rovira estaba desarrollando «una maniobra de instrumentalización política» para que el 13-M hubiera la «mayor anormalidad posible». Además, se asegura que Carod se puso en contacto con el portavoz de SA, Arnaldo Otegi, «instándole a trasmitir» al lehendakari y al representante de EA, Rafael Larreina, «el rumor de que un PP con mayoría absoluta suspendería la autonomía vasca y detendría en masa a líderes abertzales».
Elorrieta ha destacado que el resto de los diarios dan un enfoque diferente a la comisión de investigación por el 11-M ya que ayer «parece que hubo novedades significativas» y dijo que «sorprende que cuando eso ocurre salen otros titulares en una dirección muy distinta». Ante la información, ha mostrado su convencimiento de que los responsables públicos,. sobre todo los vascos, están sujetos «a espionaje telefónico y ese tipo de cosas».
«Creo que nosotros no seremos los más espiados, los más seguidos, y supongo que habrá otros que por sus responsabilidades políticas -me viene a la memoria el famoso espionaje a los papeles del lehendakari que fue una operación realmente indecente- es lógico que se pretenda espiar más al máximo responsable del país que a un sindicalista. Digo que es lógico dentro de esta perversión de la que estamos hablando», ha concluido.
Larreina, preocupado Por su parte, el portavoz parlamentario de EA, Rafael Larreina, ha asegurado hoy que, tras los atentados del 11-M, mantuvo varias conversaciones con el presidente de ERC, Josep Lluis Carod Rovira, y con el «mahaikide» Arnaldo Otegi, pero ha agregado que, en ningún caso, le propusieron crear la «mayor anormalidad posible» sino que analizaron la situación creada tras los atentados. Además, ha anunciado que su grupo estudia la posibilidad de pedir la creación de una comisión de investigación en el Congreso para dilucidar las «responsabilidades» sobre presuntas prácticas de espionaje a cargos públicos.
«En absoluto me trasladaron o indujeron a provocar la mayor anormalidad posible. Carod difícilmente me puede coaccionar a nada porque es una persona profundamente democrática y civilizada con la que además de la relación política mantengo una relación de amistad», ha explicado. También ha querido aclarar que, ni en aquéllas conversaciones con Otegi ni en ninguna otra, se ha sentido «ni remotamente coaccionado o presionado en ningún sentido».
Según Larreina, tras los atentados, los representantes de EA mantuvieron contactos con otras fuerzas políticas para hacer un análisis conjunto y «dar una respuesta coherente en distintos ámbitos políticos a la situación de excepcionalidad que se produjo tras los atentados del 11-M y la manipulación del Gobierno de ese atentado y ese fue el contenido de todas las conversaciones». Ante esto, el representante de Eusko Alkartasuna ha asegurado que el informe de «los servicios de espionaje del Gobierno» es «novelado» porque «de datos y de intervenciones telefónicas hacen una novela utilizando el mismo guión que el Gobierno Aznar dictó a todos los medios de comunicación y aparatos del Estado y cuerpos policiales».
A su juicio, este informe pretende «volver a unir el nacionalismo o los partidos abertzales radicalmente democráticos con el mundo del terrorismo y del atentado del 11-M». Sin embargo, para Larreina, lo más preocupante desde el punto de vista democrático «es que haya servicios de espionaje del Gobierno que se dediquen a intervenir conversaciones de representantes electos de la ciudadanía, de parlamentarios, sin ningún tipo de control ni autorización judicial y eso es gravísimo». «En cualquier país democrático serio, esto supone la caída de un Gobierno y seguramente responsabilidades penales para los responsables de ese Gobierno», ha dicho para añadir que, cuando los miembros del PP se califiquen de demócratas, «seguramente una parte muy importante de la sociedad vasca profundamente democrática que rechaza cualquier práctica antidemocrática empezando por la violencia y siguiendo por este tipo de intervenciones, soltará una carcajada muy grande».
A su entender, tras esta filtración de notas del CNI, pretenden «echar un bote de humo» sobre la comisión de investigación de los atentados de Madrid «en la que se está viendo claramente que hay una responsabilidad política evidente para engañar a la ciudadanía del Estado español en esas fechas». «Lo que quieren es sembrar la confusión mediante estos botes de humo de intentar recoger la tesis inicial de mezclar partidos catalanes radicalmente democráticos con la estrategia de la violencia y el terrorismo y mezclarlos con el atentado del 11-M y eso es lo que es inadmisible», ha señalado el responsable de EA.
Ante el informe del CNI, EA estudiará, junto con ERC y otras formaciones políticas, la posibilidad de pedir la puesta en marcha de una comisión de investigación para «dilucidar cual es la responsabilidad de esas prácticas antidemocráticas e inaceptables en democracia como son que se espíe a parlamentarios electos, cosa que ya nos temíamos». En este punto, ha recordado que Eusko Alkartasuna ya presentó en el mes de enero en el Parlamento de Gasteiz una iniciativa en la que solicitó al presidente de la Cámara que solicitase a la Administración del Estado español una relación de los miembros de la Cámara, «que han sido sometidos a seguimiento, vigilancia o intervención de comunicaciones por parte del CNI, de las FSE o de cualquier organismo de la Administración del Estado así como los informes pendientes que puedan obrar en su poder».
Por último, ha considerado las escuchas telefónicas como un hecho «ilegítimo, inaceptable en democracia y que supone además una vulneración flagrante del Estado de Derecho» y ha pedido «todas las responsabilidades que puedan caber, tanto desde el punto de vista político como, en su caso, después de estudiarlo, se pudiera deducir también responsabilidades de otro orden». Esquerra Republicana de Catalunya El grupo parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) ha acusado al PP de haber «sustraído» un informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el que se desvela que el líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, y el portavoz independentista vasco Arnaldo Otegi fueron espiados tras el 11-M.
A su juicio, el PP ha realizado ahora esta «filtración intencionada» porque las «cosas no le van bien en la comisión de investigación» y pretende lanzar una «cortina de humo». Los diputados de ERC Joan Puig y Agustí Cerdá han denunciado que durante la sesión secreta que ayer celebraron los miembros de la comisión de investigación para estudiar los documentos clasificados de los servicios secretos españoles no vieron ninguna nota informativa las escuchas a Carod y Otegi.
«Si existía una nota informativa de estas características teníamos que haberla visto y si no lo hicimos fue porque alguien indebidamente, y es el PP, se quedó con información elaborada por los servicios inteligencia para lanzarla ahora como arma arrojadiza contra ERC y simular con una cortina de humo una trama entre Carod y Otegi», ha resaltado Puig. De la misma manera, Cerdá ha insistido en que en principio ese documento «no existía» entre los 20 informes que los dos funcionarios del CNI mostraron ayer a los comisionados. «No sabemos si el documento es falso, lo han inventado o lo sustrajeron», ha agregado..
En opinión de Puig, deducir que de una llamada telefónica entre Otegi y Carod hay «toda una trama para bombardear las expectativas del 13-M es especular demasiado con una información que puede que esté conseguida de manera ilegal». «Me parece mucha película e imaginación -ha enfatizado-. Hollywood tendría unos grandes guionistas». De hecho, el diputado de ERC cree que se trata de un caso de «escuchas ilegales» y ha añadido que es «muy grave que 25 años después de la muerte del dictador» se sigan produciendo este tipo de prácticas que «no pasan la prueba del algodón democrático».
Aunque los diputados de ERC no han confirmado si el día 13 de marzo había habido una llamada entre Carod y Otegi, han subrayado que en el caso que se hubiera producido no sería «relevante». «Â¿Qué pasa si existe? ¿No se puede hablar con nadie?. ¡Todo puede ser que el 11-M empezase en Perpinyá!», ha ironizado Puig, en referencia a la reunión que el líder de ERC mantuvo con la organización armada vasca Euskadi Ta Askatasuna.
Preguntado si piensa emprender acciones legales o presentar alguna iniciativa parlamentaria como pedir una comisión de investigación, Cerdá ha explicado que su formación está estudiando este asunto para poder pedir responsabilidades porque sería «preocupante que ahora cualquier político pudiera ser escuchado». Por su parte, Puig ha afirmado que, aunque aún no han tenido tiempo de analizar este caso, «canta por todas partes» y, por lo tanto, tomarán alguna iniciativa política o legal. Respecto a la posibilidad de que Carod u Otegi comparezcan en la comisión de investigación para aclarar este asunto, el diputado de ERC ha dicho que ninguno de los dos tendría «inconveniente» en comparecer y, de hecho, ha recordado que su formación se puso al principio en contacto con Otegi para que ofreciera su testimonio en la Comisión, aunque después se descartó.
Asimismo, ha añadido que también sería «ilustrativo» que acudiese la persona del CNI que elaboró el informe que se publica hoy. Por último, Puig ha advertido al PP que esta estrategia basada en «filtraciones intencionadas de documentos clasificados» no le va a funcionar. «Tendrá que buscarse otro chivo expiatorio para criminalizar organizaciones políticas», ha concluido.