DILEMA CONSTITUCIONAL: Artí­culo 150.2 versus Artí­culo 155

Los constitucionalistas españoles, sobre todo los pseudo-constitucionalistas -aquellos que se llenan la boca con la Constitución mientras con sus polí­ticas diarias la niega de continuo- llevan ya varias semanas planteando la necesidad -más bien amenaza- de aplicar el artí­culo 155 de la Constitución y anular el actual Estatus polí­tico-institucional de Catalunya.

Desde los constitucionalistas vascos -los que queremos tener una Constitución propia para Euskal Herria como cualquier otro Paí­s democrático- pensamos que si esos polí­ticos españoles tuviesen la inteligencia polí­tica necesaria para resolver los problemas polí­ticos democráticamente, en vez de generar más conflicto y aplicar medidas más propias de dictaduras, estarí­an propugnando la aplicación del artí­culo 150.2 de su Constitución transfiriendo o delegando -al menos en el caso vasco y catalán- lo previsto en el artí­culo 149.1.32º referido a la autorización para la convocatoria de consultas populares por ví­a de referéndum.

Habrá quien me diga que eso es imposible, pues la mentalidad que hay en clase polí­tica española, que tiene como referencia a la Villa y Corte de Madrid, no concibe el Estado ni como plurinacional ni como un ente de libre adhesión, sino que más bien como conciben a España como prisión. Y no le falta razón pues esa es una concepción del Estado que aflora a finales del siglo XIX, se manifiesta con severa represión en la dictadura de Primo de Rivera -ayer hizo 94 años-, y utilizando términos informáticos se reinicia con nuevas prestaciones represivas durante la dictadura y régimen franquista.

Pero yo, que no renuncio a mi irredento optimismo, pienso que ya se está abriendo en muchos sectores sociales españoles una mentalidad crí­tica que se rebela ante quienes envueltos en su bandera y su constitución le recortan, cuando no le niegan en el dí­a a dí­a, derechos constitucionales básicos como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la sanidad, a un régimen público de seguridad social que le garantice prestaciones suficientes. Mentalidades crí­ticas que van comprendiendo que sus problemas vitales no son el derecho de vascos y catalanes a decidir su futuro; que van teniendo claro que un estado no se puede imponer, si quiere ser democrático y gozar de cohesión social, sino que tiene que ser de libre adhesión; que les gustarí­a imitar el modelo del referéndum de Quebec o Escocia y la actitud de Canadá y Gran Bretaña, con sus campañas amables –“no os vayáis que os queremos”-, muy lejos de las actitudes de los polí­ticos españoles que amenazan con todo tipo de males y venganzas a Catalanes y Vascos si toman la decisión de independizarse.

Tarde o temprano, también en el Estado español, se acabará abriendo camino la mentalidad democrática que reconozca el derecho de la ciudadaní­a a decidir su propio futuro, a unirse o a separarse pací­fica y democráticamente, sin renunciar a la solidaridad y hermandad de los Pueblos, aplicando con inteligencia polí­tica el artí­culo 150.2 de su Constitución.