Estos presupuestos dan la espalda a quienes más han sufrido y siguen sufriendo la crisis

Este es el texto de la enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2016 del Gobierno Rajoy, que AMAIUR ha registrado en el Congreso que está en la base de la intervención en el Pleno que se puede ver en este enlace: Debate Presupuestos Generales del Estado para 2016

El Gobierno ha presentado a finales de este mes de julio su Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 como primer acto de la campaña electoral del Partido Popular para condicionar la acción de un próximo gobierno, sabiendo que lo aprobará con una mayorí­a absoluta que actualmente es ya una mayorí­a formal, pero que no responde a la realidad polí­tica actual del Estado español, en la que esa mayorí­a absoluta no existe, como muestran las elecciones recientemente celebradas y los propios estudios sociológicos del CIS. Este contexto cuestiona indudablemente la legitimidad democrática de unas cuentas públicas que van a contar con un apoyo parlamentario que no se corresponde con la mayorí­a social y polí­tica de la ciudadaní­a.

Estos Presupuestos presentados bajo el estandarte del crecimiento económico, son continuistas con los anteriores, pues siguen sin abordar la solución de los auténticos problemas estructurales del Estado español, como son las inasumibles tasas de paro, la desigualdad creciente, el fraude fiscal, el desapego a la economí­a real –industria, economí­a social- y el apoyo a la economí­a especulativa. Y son incapaces de aprovechar ese crecimiento económico del que hacen gala, para corregir esos problemas estructurales, paliar las situaciones trágicas de pobreza extrema y exclusión social y contribuir a la redistribución de la riqueza.

Estamos ante unos Presupuestos que nuevamente están al servicio de las personas y sectores sociales y económicos que menos han sufrido la crisis y que no sufren las consecuencias de la crisis en la actualidad; unos Presupuestos de un Gobierno que sigue siendo ágil y veloz a la hora de dar respuesta a las demandas de los grandes empresas, sectores económico-financieros y grandes capitales, y tremendamente lento e insensible a la hora de dar respuesta a las angustias y necesidades vitales de la población más necesitada, a las necesidades de apoyo a la economí­a real de personas acogidas al régimen de autónomos, de la economí­a social, de las pymes.

Como hemos señalado en los ejercicios anteriores, estos nuevos Presupuestos siguen girando alrededor de los intereses de la economí­a especulativa y de los grandes grupos económico-financieros, no tienen como prioridad la lucha contra el desempleo y la exclusión social, y continúan con una polí­tica de recentralización. Todo este planteamiento ultra-liberal y recentralizador, choca en todos los aspectos con la realidad polí­tica, económica y social de Euskal Herria, y con su derecho a decidir su propio futuro y su propio modelo económico y social.

INSENSIBLES ANTE LAS PERSONAS EN SITUACIí“N DE PARO DE LARGA DURACIí“N

Refugiándose en las cifras de ligera y lenta disminución de las tasas de desempleo, estos presupuestos recogen una disminución de un 21,7% de las prestaciones por desempleo mientras que la dura realidad muestra que la tasa de cobertura de desempleo ha bajado del 70% al 50% entre mayo de 2011 y mayo de este año, que el promedio de la prestación percibido por cada persona en esa situación se ha reducido en un 30%, y que el número de personas en situación de paro de larga duración sigue creciendo superando los 3,2 millones de personas lo que supone el 61% de las personas en situación de desempleo. Si a esto unimos que más de 3,7 millones de parados no reciben ningún tipo de prestación del Ministerio de Empleo, según la EPA del segundo trimestre de este año, no es admisible que se disminuya la partida correspondiente al pago del desempleo en 5.500 millones de euros.

Frente a esta dura realidad, las cuentas públicas vuelven a esconder, detrás de aparentes incrementos en las partidas de las polí­ticas activas de empleo  que la cantidad actual de 5215 millones de euros es un 30% inferior a los 7.714 millones existentes en 2011. La realidad de lo ejecutado en 2014 nos muestra además que el 80% de ésta partida fue destinada a financiar la contratación temporal promoviendo el incremento de la temporalidad y la precariedad laboral en el último año.

FOMENTAN LA DESIGUALDAD Y SON INSENSIBLES ANTE LAS PERSONAS EN SITUACí“N DE POBREZA Y RIESGO DE EXCLUSIí“N

A pesar de que desde la OCDE sus informes denuncian que el Estado español es el lugar con más desigualdades de ingresos entre ricos y pobres, y que esa diferencia sigue aumentando, precisamente en los dos últimos años en que hay crecimiento económico, las medidas de este Gobierno siguen alimentado esa brecha social y estos presupuestos centran sus esfuerzos en aquellas personas que menos han sufrido y menos siguen sufriendo las consecuencias de la crisis. Mientras que se incrementan los salarios de los funcionarios en 1%, las pensiones sólo recogen un 0,25% de aumento, cuando la dura realidad es que hay un importante número de pensiones muy bajas que no sólo no garantizan atender las necesidad mí­nimas de su perceptores, sino que además constituyen el único ingreso de las familias extensas que acogen en su seno a personas en paro sin ningún tipo de prestación.

Al mismo tiempo en vez de utilizar la polí­tica fiscal para impulsar una redistribución de la riqueza y contribuir a reducir las desigualdades, este Gobierno está impulsando una reforma fiscal que favorece sobre todo a las rentas más altas y reduce la capacidad redistributiva del sistema. A este respecto es también significativo el incremento tanto del número como del capital de las SICAV que se ha producido en el año 2014 –con 230 nuevas- y en lo que llevamos de 2015 –con 113 nuevas hasta el mes de julio- superándose  en total las 3.300 y con un pa­tri­monio con­junto que bate ré­cords hasta superar los 36.000 mi­llones de eu­ros frente a los apenas 24.000 mi­llones que manejaban en año 2011.

INEFICACES ANTE EL FRAUDE FISCAL

Como hemos señalado repetidamente desde AMAIUR el gasto público –especialmente el gasto social- no es el problema del Estado español, sino que el auténtico problema estructural es el ingreso presupuestario que está seriamente limitado por el problema estructural del fraude y la elusión fiscal.

Los propios datos que aporta el Gobierno en su memoria son significativos a éste respecto: mientras que la media europea de gasto público en relación con el PIB está en el 48,1%, en el Estado español el gasto público supone un 43,5% del PIB, es decir 4,6 puntos por debajo de la media europea. Si analizamos lo que suponen los ingresos públicos, éstos alcanzan en la media de los estados de la Unión Europea el 45% del PIB, mientras que en el Estado español los ingresos sólo alcanzan el 37,8% del Producto Interior Bruto, 7,4 puntos menos.

A estos datos unimos que, según el último informe de la OCDE, a pesar de las sucesivas subidas de impuestos tras el estallido de la crisis económica, el Estado español encabeza el ranking de la caí­da de ingresos públicos de los Estados de la OCDE. Según este informe, entre 2007 y 2013, con una población prácticamente constante, el volumen de recursos públicos per cápita, cayó en el Estado español a un ritmo anual del 3%, un descenso más intenso incluso que el del Estado griego.

Ante esta situación consideramos inadmisible la no recuperación del gasto social, la renuncia al incremento de la recaudación de impuestos que supone la reforma fiscal, y el no compromiso activo en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Una muestra de esta falta de compromiso es el número de contribuyentes por inspector: mientras que en los Paí­ses Bajos el número de contribuyentes por inspector es de 697, en Alemania de 729, en Francia de 860, en el Reino Unido de 862, en el Estado español es de 1928 contribuyentes por cada inspector de hacienda.

Aunque tanto la reforma fiscal del llamado territorio común, como la ineficiencia ante el fraude y la elusión fiscal, no tiene por qué afectar directamente a Euskal Herria, dado que tenemos capacidad normativa fiscal propia en esos impuestos, indirectamente sí­ que nos afecta, no sólo por un espí­ritu de solidaridad con las personas trabajadoras del resto el Estado que siguen sufriendo las consecuencias de la crisis económica y de una polí­tica económica y fiscal claramente injusta, sino también porque el coste del endeudamiento público creciente recae especialmente sobre la población de Euskal Herria, aunque no haya contribuido a dicho endeudamiento.

OPCION PREFERENCIAL POR LA ECONOMíA ESPECULATIVA

En estos Presupuestos, salvo por el incremento de las partidas en I+D+i, manifiestan una opción preferencial por la economí­a especulativa y sigue en ellos ausente la preocupación por la economí­a real que tiene su base en la industria. Hay un continuismo en el apoyo a las grandes empresas más vinculadas con la construcción, los sectores financieros y la economí­a especulativa y una presencia marginal de las pequeñas y medianas empresas, de las personas acogidas al régimen de autónomos y de la economí­a social.

En cuanto al sector financiero sigue el apoyo a los grandes grupos bancarios, sin ningún tipo de exigencia para que faciliten el acceso al crédito a los sectores de la economí­a productiva encuadrados en las pymes y tampoco hay una opción por recuperar la figura y la función social de las Cajas de Ahorro ni ninguna partida para impulsar una banca pública que pueda servir de instrumento para facilitar la financiación a las pymes, a la economí­a social, a la economí­a de proximidad, y contribuir a romper el oligopolio financiero actual.

Además de los aspectos que hemos señalado en los anteriores proyectos de presupuestos de este Gobierno, surge  ahora una nueva apuesta por los sectores especulativos y financieros en paralelo a un debilitamiento del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Durante 2012, 2013 y 2014, se han detraí­do alrededor de 43.000 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social sin que se hayan tomado medidas para fortalecer el sistema público de pensiones ni para abordar una reforma del sistema de financiación de la Seguridad Social. Muy al contrario, se ha renunciado al incremento natural de la recaudación fiscal y se ha empezado a lanzar mensajes a la opinión pública sobre la necesidad de acudir a los planes privados de pensiones; una nueva forma de apoyar el negocio de los grandes grupos financieros y de reforzar la economí­a especulativa. No es ocioso recordar que detrás de las burbujas financieras, inmobiliarias y de las deslocalizaciones industriales han estado Fondos de Pensiones Internacionales que buscan la máxima rentabilidad en el mí­nimo tiempo, sin ningún compromiso con los proyectos económicos y sociales de cada lugar.

SOBERANíA ECONí“MICA, FISCAL, FINANCIERA Y SOCIAL PARA EUSKAL HERRIA

Nuevamente, el análisis del contenido y la filosofí­a que impulsa estos Presupuestos, no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como sociedad diferenciada que no sólo no se identifica con el modelo socioeconómico que impulsan estas cuentas públicas, sino que  no encuentra ni acomodo ni solución a sus problemas, dentro del actual marco jurí­dico polí­tico.

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, este Gobierno del Partido Popular está imponiendo en Euskal Herria todo un conjunto de reformas estructurales y recortes sociales amparándose en su mayorí­a absoluta en los marcos institucionales estatales –que no ya en la realidad de la sociedad española-, a pesar de que su representación electoral en el conjunto de nuestro pueblo (Comunidad Autónoma Vasca –CAV- y Comunidad Foral de Navarra) es claramente minoritaria (23%) y que su polí­tica económica, social y medioambiental está siendo rechazada cada vez por mayores sectores de la población y por las propios Parlamentos y Juntas Generales.

El mantenimiento de este marco polí­tico tiene un coste concreto para la CAV y Nafarroa. Los presupuestos del 2016 recogen las cantidades de 616 millones de euros para el cupo de Nafarroa y de 1525 millones en el cupo de la CAV. Con dichos fondos se financian competencias no asumidas como son los gastos de la Monarquí­a,  las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las grandes infraestructuras inútiles y, como no, al pago de la deuda. El incremento de la deuda pública previsto para los próximos años fruto de la publificación de la deuda privada de los bancos y de la nefasta e irresponsable gestión de las administraciones públicas españolas, va a suponer también el incremento del pago que la ciudadaní­a de Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales para rescatar esa Deuda creciente del Estado español. Unos pagos que vací­an nuestras arcas públicas y nos niegan la posibilidad de poner en marcha un nuevo modelo social y económico en Euskal Herria.

Es más a través de estos presupuestos tenemos que contribuir con más de dos mil cien millones anuales destinados en su mayor parte a gasto improductivo y socialmente inútil, como puede ser el sustento de la Monarquí­a; de un Tribunal Constitucional que es siempre de parte que socaba nuestro derecho a decidir y que confirma sentencias polí­ticas totalmente y que tarde o temprano son revocadas por los tribunales Europeos; de un Consejo de Estado que niega la realidad de un estado plurinacional y rechaza el derecho a decidir de Catalunya, Galiza o Euskal Herria que puedan plantear de forma democrática las Instituciones Catalanas, Gallegas o Vascas; o de un Ministerio de Defensa y un ejército que, frente al recorte sistemático del gasto social ha incrementado año tras año por la puerta falsa de los decretos estivales, que acumula una deuda que alcanza los 29.500 millones de euros, y que por mor de una cláusula constitucional introducida de forma ilegí­tima y copia de la legislación franquista, se arroga el papel de “garante de la unidad de España”.

Y finalmente estamos hablando de unos presupuestos que vuelven a negar nuestro derecho a decidir imponiéndonos el cómo han de ser los presupuestos de las instituciones de Euskal Herria al fijar que las Comunidades Autónomas no podrán endeudarse más de un 0,3% y los entes locales en 0%, sin tener en cuenta la muy diferente situación de las administraciones públicas vascas con respecto a las españolas en cuanto a su saneamiento económico, niveles de endeudamiento e importancia del gasto de protección social.

Un año más, volvemos a constatar que el presente proyecto de cuentas públicas para 2016 no contempla compromiso explí­cito alguno, ni siquiera en su más mí­nima expresión, a fin de contribuir positivamente a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución del conflicto polí­tico.

Todas estas razones nos muestran que se hace aún más necesario que nunca la exigencia para Euskal Herria de un marco soberano en materia económica, financiera, fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia realidad, sin imposición ni limitación alguna por parte de los poderes estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para nuestro pueblo asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y prestaciones públicas, en la apuesta por la economí­a real y productiva, por la economí­a de proximidad. Un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza e impulsor de una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.

Queremos, desde Euskal Herria, apostar por la industria y economí­a verde y de alto valor tecnológico; impulsar la economí­a de los cuidados y los servicios sociales y públicos; fomentar firmemente la economí­a social; desarrollar decididamente la I+D+I; asentar la agricultura y la ganaderí­a sobre bases de soberaní­a alimentaria,.. Y todas estas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan de soberaní­a polí­tica y económica, así­ como poder contar con los recursos que ahora, ví­a cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda injusta, ilegí­tima y ajena a nuestro Paí­s.

Por todas estas razones que suponen que estas cuentas públicas del Estado español dan la espalda a las personas que más han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la crisis, van a seguir contribuyendo al incremento de la desigualdad, recortando el estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad como son pensionistas, parados, autónomos, economí­a social y pymes, mediante un  planteamiento que no responde a la realidad polí­tica, social y económica de Euskal Herria, los Diputados y Diputadas de AMAIUR presentamos esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2016.

Congreso de los Diputados a 21 de agosto de 2015