La publicación de la Fundación Leizaola «BAKEBIDEAN» recoge en su último número, dedicado a la actual situación política tras el anuncio del cese de su actividad por parte de ETA, una entrevista que reproduzco a continuación:
BAKEBIDEAN 2011- 11zbk.
Rafa Larreina, recientemente elegido diputado al Congreso de los Diputados por Amaiur y miembro histórico de Eusko Alkartasuna, apuesta por la aplicación de una política penitenciaria progresista que ayude a reintegrar en la sociedad cuanto antes a las personas que están en prisión, desde donde podrían contribuir a la reconciliación.
¿Cómo valora la situación creada tras el anuncio del cese definitivo de la actividad de ETA?
Con el anuncio del cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA se abre una nueva etapa política y social que ha sido percibida como esperanzadora por la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Podríamos decir que esto no ha hecho más que empezar y que queda un gran trabajo por delante que no va a estar exento de dificultades. Es importante empezar cuanto antes a poner en marcha el desarrollo de la declaración de Aiete. Una vez cumplido el punto 1 -que era el que exigía a ETA la declaración del cese definitivo es importante empezar a poner en marcha y desarrollar los puntos dos, tres y cuatro. El primero de ellos corresponde a ETA y a los Gobiernos español y francés, que son quienes deben ponerse a hablar para dar respuesta a los llamadas «cuestiones técnicas»: situación de los presos, entrega de armas, etc. Las fuerzas políticas debemos centrarnos en sacar adelante los puntos tres y cuatro: avanzar en el camino de la reconciliación en el seno de la sociedad vasca, buscando la reparación de todas las injusticias sufridas, sin excepciones; y buscar un nuevo consenso político que dé respuesta al problema político de fondo sobre la base del reconocimiento del derecho de la sociedad vasca a decidir su propio futuro y a ser consultada.
¿Qué pasos debería dar el nuevo Gobierno salido de las elecciones del 20-N?
Es una incógnita como va a reaccionar el Partido Popular. Si va a seguir en la línea de los últimos años, que es una línea guiada por la extrema derecha, tanto mediática como política, o por el contrario va actuar con eso que se denomina sentido de Estado y va a contribuir y a aportar positivamente a que ese nuevo escenario de normalización política y pacificación sea una realidad cuanto antes. Nos gustaría que, por encima de esas presiones mediáticas, el Gobierno del PP se incorpore a esta nueva etapa aportando en positivo.
Uno de los asuntos a tener en cuenta es el referido a los presos de ETA.
En este tema siempre hemos dicho que es un gran error y que es contraproducente que la política penitenciaria forme parte de la política antiterrorista, por tanto la actitud hacia los presos no es admisible ahora ni era admisible antes. Desde ese punto de vista pensamos que las personas que están en prisión tienen derechos, tendrán algunos restringidos por la condena, pero tienen el resto de derechos y esos hay que respetarlos. Y hay otra cuestión importante, y es que con la política penitenciaria que se ha aplicado se ha puesto una pena de forma ilegítima y antidemocrática a personas que no han sido condenadas, que son todos los familiares y allegados de las personas que están en prisión y que se ven sometidos a una serie de condiciones que no les corresponden y que incluso van en contra de la propia legislación penitenciaria. Una vez que ETA ha anunciado el cese definitivo de su actividad habría que aplicar lo que constituye la base de una política penitenciaria progresista.
Nosotros siempre hemos defendido que la política penitenciaria debe estar vinculada a la reincorporación a la sociedad de las personas que están en prisión, con independencia del delito que hayan cometido. Y por lo tanto, cuando no hay ningún riesgo de que una persona que está en prisión cometa el delito que cometió en su día, pensamos que no tiene sentido que siga en prisión. En este momento pensamos que es mucho más útil para la sociedad, y mucho más útil desde el punto de vista democrático, que esas personas aporten su contribución a la reconciliación y a la convivencia democrática desde el seno de la sociedad que no desde la cárcel.
¿Qué papel le corresponde jugar a este colectivo en esta nueva etapa política a la que nos enfrentamos?
No deben tener un papel especial salvo el de ciudadanos vascos. Como cualquier ciudadano tienen la obligación de contribuir a que salga adelante el nuevo escenario de normalización política y de pacificación, de convivencia y de reconocimiento democrático de todas las opciones políticas. Una obligación ciudadana que es la misma que tenemos los que no estamos en prisión.
¿Habría que priorizar un acercamiento de los reclusos a las cárceles vascas?
Lo primero que hay que hacer es aplicar la propia política penitenciaria y separarla de la política antiterrorista, sobre todo cuando ya no tiene sentido al no haber violencia por parte de ETA. Eso sería lo primero, el acercamiento, y la aplicación de la política penitenciaria a los presos que sufren enfermedades.
¿Cabe hablar de amnistía?
Es un error hablar de amnistía, en el sentido de que la amnistía ahora mismo legalmente no es posible. Hay que conseguir una aplicación progresista de la política penitenciaria para que todas las personas se reincorporen cuanto antes a la sociedad para aportar en positivo. Y eso se puede conseguir, si hay voluntad política, sin necesidad de cambiar un ápice de la actual legislación penitenciaria.
¿Cómo se deben abordar los casos de los presos con delitos de sangre?
Hay que abordarlo desde una visión global pero con mucha delicadeza y con mucho respeto hacia las personas que han sufrido las consecuencias de esas acciones. Puede ser mucho más valiosa la aportación de esas personas desde la sociedad, defendiendo la necesidad de no utilizar la violencia para hacer política, y que eso tenga un efecto didáctico sobre la sociedad. Creo que eso sería también una buena reparación para las víctimas. Que quienes han cometido delitos de sangre se integren y se impliquen en la política democrática que subraya que no se debe utilizar la violencia para alcanzar fines políticos, en la política que defienda las libertades y el derecho de todas las personas a defender sus propias ideas es muy positivo y es una forma muy eficaz de reparación.
¿Qué opinión le merece la denominada ‘doctrina Parot’?
Su derogación es otro elemento fundamental, ya que no deja de ser un retorcimiento antinatural de la propia legislación.
¿Cómo habría que actuar con los miembros de ETA exiliados?
Eso corresponde resolverlo a la mesa entre los gobiernos y la propia ETA, pero lo lógico es que todas las personas que quieran trabajar y contribuir al futuro democrático y en paz de este País puedan estar aquí.
¿Deberían acogerse los presos a las medidas de reinserción?
Ese es un planteamiento erróneo, del pasado. Lo que hay que hacer es impulsar un cambio en la política penitenciaria. No valen los esquemas del pasado y la utilización que se ha hecho por parte de los distintos gobiernos de la legislación penitenciaria ha sido un grave error y sería un error desmedido volver a aplicar esas políticas en el presente.
¿Deben pedir perdón?
Pedir perdón es muy bueno, y ojalá todo el mundo pidiera perdón. Pero no están legitimados para exigir a otros que pidan perdón aquellos que han sido incapaces de pedir perdón por violaciones graves de derechos humanos que se han producido desde los aparatos del Estado, como fue el terrorismo del GAL o las torturas. Pero creo que pedir perdón es bueno y hace más bien a quien lo pide que a quien recibe la petición de perdón. La reparación de todas las víctimas que se han producido en este País sin ningún tipo de excepción, y una parte de la reparación puede ser la petición de perdón, es algo necesario y por lo que hay que trabajar.
¿Tiene sentido la Ley de partidos?
Desde el punto de vista democrático es una ley difícilmente asumible. Es una ley que no tiene sentido, pero no porque ahora hayan cambiado las circunstancias, no tiene sentido desde que se puso en marcha. Yo siempre he defendido que esa ley ha contribuido a retrasar el actual escenario que estamos viviendo ahora mismo. Fue negativa en su inicio, porque retrasó el proceso de normalización política y de pacificación; y si entonces no era válida pues ahora tampoco. Creo que se creó para cambiar las mayorías en este país. Aunque se dijo que formaba parte de la política antiterrorista tenía otro tipo de intenciones.