La semana pasada me comentaron una noticia que me resultó sorprendente. Un juez, creo que de Alicante, había impuesto una pena de seis meses de prisión a un padre que había pegado un azote con una zapatilla a su hija adolescente que, en el ejercicio de su difícil etapa vital, según el progenitor no aceptaba las reglas de funcionamiento familiar.
Antes de nada quiero subrayar que no comparto el uso de la violencia para resolver conflictos, tampoco en el ámbito familiar, y que creo que los padres y madres deben respetar a los hijos, al igual que éstos deben respetar a sus progenitores.
Dicho esto, la curiosa sentencia me ha suscitado la reflexión sobre la doble vara de medir que acostumbra a usar el Estado: cuando se cuestiona su autoridad, su institución, todo vale para imponer su autoridad; cuando se cuestionan esos mismos principios de autoridad en otros ámbitos, se tiene una mirada mucho más comprensiva.
¿Os imagináis a ese mismo juez de Alicante poniendo una pena de seis meses de cárcel al Gobernador civil (llamado ahora subdelegado o delegado del Gobierno), o al Consejero o Ministro de Interior correspondiente, …… o al Presidente del Gobierno, …. porque un policía ha pegado un porrazo a un joven inconformista, a un trabajador en huelga,…. o a un pacífico ocupa desalojado a la fuerza?
Pues eso: o somos todos iguales ante la Ley o no somos iguales; y si somos iguales pues habrá que poner también pena de prisión para el Presidente.