Artí­culo ilegí­timo

Fruto de una transición inacabada de la dictadura a la democracia es la polémica surgida recientemente a raí­z de un discurso militar que esgrimí­a –una vez más- amenazante el artí­culo 8º de la Constitución del estado español. Mientras permanezca dicho artí­culo en sus actuales términos no se puede hablar de estado plenamente democrático ya que en la raí­z de la polémica, y del artí­culo esgrimido, se esconde la ilegitimidad democrática del texto que aparece en el texto del artí­culo 8º.

Y se puede afirmar con total seguridad que ese artí­culo es ilegí­timo desde un punto de vista democrático tanto por su origen como por su contenido material y conceptual. Y es ilegí­timo por su origen, tanto porque recoge, prácticamente con las mismas palabras el artí­culo 37 de la Ley Orgánica del Estado de la dictadura franquista, como por el procedimiento utilizado para su introducción en el texto constitucional. Como señala Miguel Herrero de Miñón en sus “Memorias de estí­o” (pág. 144) al actual texto del artí­culo 8º se oponí­an totalmente en la ponencia constitucional tanto socialistas como comunistas y nacionalistas. Finalmente se aceptó después de agitar unos documentos, con el membrete del Vicepresidente para asuntos de Defensa y el tampón de “secreto”, que recogí­an las “observaciones” que la Junta de jefes de Estado Mayor habí­an mandado al Gobierno de Adolfo Suarez.

Pero la ilegitimidad democrática no está sólo en su origen sino que, como señalaba al comienzo, también radica en su contenido material y conceptual. Hoy como en el año 1936, en 1958, en 1967 o en 1978, nos encontramos ante unos ciudadanos que, por el hecho de llevar un uniforme, pretenden sustituir al “demos”, al pueblo soberano, a la hora de decidir su futuro. La materialidad del artí­culo atenta contra la soberaní­a popular y esconde tras de sí­ una concepción profundamente antidemocrática basada en el presupuesto de que la ciudadaní­a no es lo suficientemente madura y necesita por tanto la vigilancia, protección y corrección por parte de los únicos que saben realmente lo que el pueblo quiere y necesita, aunque ese mismo Pueblo no sea consciente: el ejército.

Quienes tenemos un compromiso activo en defensa de los derechos humanos y la democracia seguiremos trabajando para que desaparezcan textos como el actual del artí­culo 8º que, además de ir contra el artí­culo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el derecho individual a tener una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad, atenta contra la radical igualdad y dignidad de todo el género humano y contra el derecho que tenemos las personas que integramos los Pueblos a decidir libre y democráticamente nuestro futuro.