(Artículo de opinión publicado en «El Periódico de Alava») En democraciam la desaparición de los partidos viene siempre motivada por la decisión de la ciudadanía expresada en las urnas. Por estas razones, en cualquier sistema democrático la ilegalización de un partido político, elemento importante para la participación en el sistema democrático, siempre es una mala noticia.
Si nos situamos en nuestro atribulado País, donde las posibilidades de participación política ya están de por sí limitadas, impulsar la ilegalización de un partido político, lejos de conseguir acabar con esas limitaciones y recorte de libertades, supone incrementar el déficit democrático y por tanto además de una mala noticia es un motivo de preocupación por lo que supone de involución democrática. Partiendo de la convicción de que quienes han promovido la ilegalización, lo han hecho con la buena intención de acabar con el terrorismo, pido el respeto a la posición de quienes estando comprometidos como el que más en la lucha contra el terrorismo y en la defensa de los derechos humanos, pensamos que la ilegalización de un partido político supone un debilitamiento del sistema democrático que refuerza las tesis y las posiciones de quienes, denostando las vías institucionales, propugnan la estrategia de la violencia y el terror como instrumento de actuación política.
Cuando en una sociedad, como la vasca, existe una minoría significativa que, de una forma u otra, se debate entre la estrategia de la violencia y la actuación política institucional, lo que no se puede hacer es cegar las vías y cauces de participación política a ese sector de la sociedad, porque automáticamente se le está impulsando hacia la estrategia de la violencia. Y eso es precisamente lo que está haciendo la actual política de recorte de libertades que está impulsando el gobierno Aznar, con la tan inestimable como incomprensible colaboración del PSOE, cuando atenta contra la libertad de expresión, de participación política, cuando niega la presunción de inocencia o hace desaparecer la separación de poderes convirtiendo a los jueces en la larga mano del poder ejecutivo.
Se habla de derrotar a ETA, de fortalecer la democracia, pero las decisiones que se toman se concretan en más limitaciones de derechos y libertades que debilitan la democracia y no derrotan a ETA. Partiendo del convencimiento de que la Ertzantza, la policía, debe detener a todos los comandos que pueda y uno más, e impedir así la violación de los derechos humanos, tenemos que subrayar que la desaparición de ETA vendrá cuando su bolsa de apoyo social quede reducida a la mínima expresión.
En otras palabras, la derrota del terrorismo en los estados democráticos siempre se produce en el ámbito político, en las urnas, en el ámbito de la batalla por las libertades, por la defensa de los derechos humanos en todos y cada uno de los casos, sin excepciones. Con este proceso de ilegalización de Batasuna, también se debilita el estado de derecho, pues se han puesto los jueces al servicio del poder en vez de al servicio de la justicia, constituyendo lo que Ferdinando Imposimato (presidente honorario del Tribunal Supremo de Casación italiano y consultor de Naciones Unidas para casos de narcotráfico, crimen organizado y antiterrorismo) denomina “la justicia políticaâ€.
Y, como él mismo subraya , «el fenómeno de la llamada «justicia política» es la negación de la justicia y una fuente de graves peligros para la propia existencia de la democracia y siempre ha sido el efecto de una arbitraria aplicación de la ley. Invocar la lucha contra el terrorismo para justificar la violación de una ley vigente o la aplicación de una legislación de excepción –como en éste caso- significa afirmar la inexistencia de la legalidad, y admitir la posibilidad de violar cualquier norma que no guste bajo el pretexto de que choca contra la seguridad de la comunidad.
De esta manera, la justicia se sacrifica bajo el impulso emotivo de la agresión violenta al orden constituido, el cual, sin embargo, no coincide con los intereses de la comunidad, sino con los de las personas que detentan arbitrariamente el poder o lo ejercer arbitrariamente». Indudablemente, el Señor Aznar no detenta arbitrariamente el poder, porque ha sido elegido en las urnas, pero sí lo está ejerciendo arbitrariamente, porque al final poner la justicia como órgano del Estado, y no como instrumento independiente de aplicación de la ley, es el fin de la democracia. Rafael Larreina Portavoz de Eusko Alkartasuna en el Parlamento Vasco