Reproduzco el artículo que he publicado en «Tribunas Parlamentarias» del suplemento especial 33 aniversario del semanario «El Nuevo Lunes» que ha visto la luz hoy 24 de febrero.
Mientras el debate político y mediático anda enzarzado en la típica polémica de si son galgos o podencos, con la cuestión de si hemos tocado fondo en la crisis o si hemos empezado o no a salir de su agujero, la realidad socioeconómica se ve abandonada y cada vez más de espaldas a un futuro prometedor.
Las llamadas reformas estructurales impulsadas por el Gobierno no han abordado el auténtico problema de la economía estatal, que no es otro que el abandono de la economía real, de la economía productiva, de la política industrial. Mientras se da respuesta a los problemas y, sobre todo, a los intereses de la economía especulativa y financiera, no ha habido ninguna medida efectiva para apoyar a la economía productiva. Y es ésta, no lo olvidemos, la que aporta generación de riqueza real, creación de empleo y estabilidad económica en el medio y largo plazo.
La competitividad se ha convertido en una palabra vacía a fuerza de repetirla tanto por un gobierno que da palos de ciego en este campo, como por una patronal -con esquemas y propuestas decimonónicas- que está Â cada vez más alejada de las empresas productivas de la economía real, y unas organizaciones sindicales de ámbito estatal sin rumbo y sin proyecto social de futuro. Gobierno y patronal hablan de una competitividad, basada en los recortes de los costes salariales, que es pan para hoy y hambre para mañana. En ese ámbito nunca se va a poder competir ni con Marruecos ni con los países emergentes, pero tampoco con los Países de la Unión Europea que basan su competitividad en dotar de valor añadido a su sistema productivo.
Los problemas de competitividad de la economía productiva, de las empresas industriales, no están en los costes laborales, sino en unos costes energéticos muy por encima de la media europea, en unos costes financieros también muy por encima de la media europea, y en unos costes laborales no salariales que también están por encima de la media. Si a esto unimos el abandono de las estructuras de investigación y unas cifras de inversión en I+D+i cada vez más lejos de alcanzarlos objetivos marcados por la Unión Europea, no podemos sino concluir que el panorama es desalentador.
En este contexto resulta desalentador ver al presidente del gobierno que se hace acompañar en su visita a Estados Unidos por una cohorte de empresas, muchas de ellas provocadoras de la crisis financiera y del ladrillo, que se mueven en el mundo de la economía especulativa y que no son reflejo de la economía productiva. No es extraño que cada vez sean más las empresas de la economía productiva, industriales, pymes, autónomos, de la economía social que ven que no son ni valoradas ni apoyadas por el gobierno, ni se sienten representadas ni tenidas en cuenta por una patronal cada vez más ajena a la economía productiva.
Desde la perspectiva de Euskal Herria, caracterizada por una estructura socioeconómica basada en la economía productiva e industrial, este panorama desalentador nos reafirma en la necesidad de ejercer la soberanía para poder seguir avanzando en el objetivo de ser un País competitivo, socialmente sostenible. Si los ámbitos de soberanía limitada que actualmente tenemos han posibilitado contar con índices de inversión en I+D+i que cumplen los objetivos marcados por la Unión Europea, mantener nuestras crecientes exportaciones industriales y que nuestras tasas de paro sean la mitad de las cifras estatales, contando con todos los ámbitos de decisión la realidad socioeconómica vasca tendría un futuro mucho más prometedor.
Nuestro planteamiento no es insolidario; en repetidas ocasiones hemos señalado que nos preocupa España. Nos preocupa su atonía económica, su abandono de la economía productiva, su sometimiento a la economía especulativa, su incremento de la brecha social fruto de una creciente desigualdad y de unas preocupantes tasas de pobreza real. Nos preocupa que sus instituciones, parecen no escuchar la voz de una sociedad angustiada por todos estos problemas; unas instituciones regidas por responsables políticos que no sólo no reaccionan sino que siguen alimentando un modelo socioeconómico en el que, tanto la pequeña y mediana empresa productiva, industrial, como las empresas de economía social, o las personas acogidas al régimen de autónomos, no son tenidos en cuenta ni reciben el apoyo necesario a pesar de que son las que generan el mayor número de puestos de trabajo y la riqueza repartida entre la mayoría de la población.
Estamos convencidos que precisamente el ejercicio de nuestra soberanía puede mostrar a la economía española que hay alternativa viable a su actual modelo socioeconómico, que el modelo de competitividad socialmente sostenible refuerza el estado de bienestar, actualmente en grave peligro en el Estado español, y hace posible la cohesión social; en definitiva que merece la pena reaccionar y cambiar.