Hoy a la entrada de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, he realizado unas declaraciones a los medios de comunicación refiriéndome a la nebulosa propuesta de reforma de las pensiones que ha realizado el gobierno del Partido Popular. En nombre de Amaiur he querido subrayar algunos aspectos que consideramos importantes y peligrosos para el futuro de un sistema público de pensiones socialmente sostenible.
Consideramos inaceptable que se desliguen las pensiones de la evolución del IPC pues eso supone en la práctica que las personas que tiene derecho a una pensión van a ver como progresivamente va disminuyendo su poder adquisitivo. Esta disminución progresiva del poder adquisitivo es especialmente grave si consideramos que una parte significativa de las pensiones se encuentran en niveles de subsistencia lo cual aboca a un incremento de las bolsas de pobreza y de personas en riesgo de exclusión social.
Continuamente se habla del factor de sostenibilidad de las pensiones en términos estrictamente económicos, olvidándose que el factor de sostenibilidad debe tener carácter social, centrado en la sostenibilidad de las personas. Someter el importe de las pensiones a la evolución de los gastos e ingresos del  sistema, cuando las tasas de paro están en parámetros socialmente inaceptables, supone atentar contra el derecho adquirido por las personas que han cotizado durante su vida laboral. Igual que el Estado ha echado mano del fondo de reserva de las pensiones en momentos de necesidad para cuadrar los presupuestos generales del Estado, es de justicia que esos presupuestos generales del estado aporten fondos al sistema de pensiones cuando este no pueda mantener un nivel digno de las pensiones. Detrás del actual planteamiento del Gobierno del partido Popular está su falta de compromiso para combatir el fraude fiscal que está en la base de la falta de equilibrio presupuestario y fiscal.
Desde la perspectiva de Euskal Herria tenemos que señalar que la propuesta del gobierno del Partido Popular tiene un déficit de legitimidad democrática y social evidente. Una vez más en sus consultas han prescindido de la mayoría sindical vasca y no cuenta con el respaldo de la mayoría política y social de nuestro País. Al final una vez más desde el Gobierno Rajoy se pretende imponer en Euskal Herria un modelo político y social que solo cuenta con un escaso 23 % de los votos.
Detrás de esta propuesta también se esconde el propósito del Gobierno Rajoy de privatizar el sistema de pensiones favoreciendo a las grandes compañías bancarias y aseguradoras, en definitiva  a los sectores especulativos, y dejando en una situación de indefensión a la mayoría de las personas que no cuentan con grandes posibilidades económicas. El fomento de los planes privados de pensiones solo garantiza pensiones dignas a quienes no tienen necesidad de un sistema público de pensiones pues cuentan con medios económicos suficientes, y profundizan en la dualización social y en el incremento de las diferencias sociales y las bolsas de pobreza y de riesgo de exclusión social.
Finalmente he subrayado que esta propuesta nos reafirma en la necesidad de contar con un sistema público vasco de pensiones y protección social que garantice el derecho de las personas a contar con una pensión digna, lo cual solo es posible desde el ejercicio de la soberanía vasca.