Hace veinticinco años, la ciudadanía de la Comunidad Autónoma Vasca fue consultada y se manifestó mayoritariamente a favor de la puesta en marcha de la propuesta de Estatuto de Gernika que el Consejo General Vasco, presidido por Carlos Garaikoetxea, le proponía. El Estatuto de Gernika nacía en un contexto político caracterizado por un todavía no consolidado proceso de transición de la dictadura franquista a la Democracia.
En aquellas circunstancias era el instrumento posible que la sociedad vasca necesitaba para dar respuesta rápida a las urgencias que tenía el País: déficit en el sistema cultural y educativo que llevaban al euskera a su desaparición; desplome continuado del Producto Interior Bruto; expolio fiscal continuado en Gipuzkoa y Bizkaia al carecer de Concierto Económico; déficit espeluznante en infraestructuras básicas. Justo cuando se ponían en marcha las medidas del Gobierno Vasco que permitieron dar respuestas eficaces a esas urgencias del País, se inició el tránsito del Pacto Estatutario al Fraude Estatutario.
Con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del proceso Autonómico (LOAPA), que tiene su origen en el Golpe de Estado del 23-F, se inicia la modificación por la puerta falsa –sin respetar lo previsto en el propio texto estatutario- del Estatuto aprobado por la ciudadanía vasca en referéndum. Los frutos de ese golpe de Estado llegan hasta hoy : más de treinta competencias sin transferir, declaraciones de los gobiernos del PP y del PSOE diciendo que determinadas competencias no se van a transferir nunca, y una pléyade de Leyes Básicas que año tras año han ido recortando el ámbito competencial de todas las materias ya transferidas dejando irreconocible el Estatuto que aprobamos en el referéndum de 1979.
Y esto no sólo lo decimos nosotros, el partido Socialista de Cataluña en el acuerdo de gobierno del ejecutivo que preside Maragall afirma que “hay que revisar una por una todas las leyes básicas que han cercenado la capacidad de autogobierno catalánâ€. Hoy ante esta situación y en un contexto político caracterizado por nuestra integración en la Unión Europea y sin peligros de nuevos golpes de Estado, la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca reclama un nuevo estatus político para nuestro país. Este nuevo marco político no solo debe superar la capacidad de autogobierno del Estatuto de Gernika aprobado en 1979, sino que además tiene que abordar las dos cuestiones centrales que constituyen la raíz del llamado conflicto político vasco: soberanía y territorialidad.
La necesidad de un nuevo marco político que EA reclamaba en solitario hace ocho años, hoy es compartida como mínimo por el 60% de la representación política presente en el Parlamento Vasco. Se ha abierto una nueva etapa política: la de un nuevo consenso sustentado en el derecho de la sociedad vasca a decidir y a ser consultada. Por eso para Eusko Alkartasuna el 25 de Octubre no es una fecha para mirar al pasado y conmemorar un fraude a la ciudadanía vasca, sino para mirar al futuro reivindicando el derecho de la sociedad vasca a decidir, democrática y pacíficamente, y a que se respete su decisión.