Como norma general estoy convencido que el poder judicial funciona con independencia, con honradez y con un espíritu cívico de servicio a toda la sociedad encomiable. Pero con el mismo convencimiento he de decir que la Audiencia Nacional –entre otras cosas porque fue creada con un impulso y finalidad política evidente- adolece con demasiada frecuencia del mal de la dependencia a los intereses o al discurso dominante procedente del poder ejecutivo. Desde esta perspectiva he de decir que los tribunales excepcionales –y la Audiencia Nacional lo es-siempre acaban cayendo en la tentación de, en base a la excepcionalidad de la materia que ha justificado su creación, no asegurar las garantías procesales propias de un sistema democrático y acaban anteponiendo la decisión política que dio origen a su creación a la justicia.
